Cerca de 150 Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) habrían sido estafadas por un grupo de 235 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la modalidad de las planillas adulteradas.

El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Richard Romero Guzmán, denunció que dos agentes policiales le ofrecieron falsificar planillas para obtener teléfonos celulares o créditos de las entidades financieras.

“Ellos mismos dijeron: ‘nosotros te podemos sacar un celular, dame tu codofin nomás, eso sí te va a costar’. Firmamos el documento, me entregó el equipo, y a los dos días tuve que venir acá por ese problema de la planilla falsa que me dieron”, indicó al programa Punto Final.

El método para estafar a las Coopac sería el siguiente: los policías acuden a la entidad y piden un préstamo o un teléfono bajo crédito. Se acredita su capacidad de pago y mensualmente se le descuenta un monto del sueldo. Días después, ellos presentan resoluciones de denuncias de alimentos que embargan parte del salario del agente policial. Por ende, ya no tiene solvencia económica y la Coopac no puede descontarle la cuota.

De acuerdo con una agente de préstamo de una Coopac afectada, en 2018 se acercó un policía apellidado Romero y seis agentes del Escuadrón de Emergencia del Callao, para solicitar celulares de alta gama. Se verificó su solvencia en la planilla y se autorizó la operación. Dos días después ya no podían pagar.

“Acá está la planilla. Tiene dinero, S/ 1.838 es su capacidad, con lo que tiene un descuento de S/ 300 mensuales. Dos o tres días después ya no tiene capacidad. He confiado plenamente en una autoridad, en una persona supuestamente íntegra, ejemplo para la sociedad. Si es una persona que delinque, ¿en quién uno puede confiar?”, anotó.

Dos de los policías que habrían adulterado las planillas son John Tito Villarreal y Mayro Valdivia Ponte. Por ejemplo, Tito pidió un crédito y a los dos días presentó resoluciones emitidas por un juez de paz de Ancón y otro de Puente Piedra, ordenando descuento de haberes.

La resolución establecía que el padre y la hermana de Tito lo habían denunciado por alimentos y solicitaban un descuento de 40% y 60% de su sueldo, respectivamente. Su hermana, supuestamente afectada, negó tener dificultades económicas.

Según el reportaje, los policías solían acudir a un juzgado de paz ubicado en Chancay, en donde el juez Heber Arroyo Acleto firmaba las resoluciones para las cooperativas después de, supuestamente, entrevistar a los familiares que presentaron las denuncias de alimentos.

“Son autoridades, cómo voy a desconfiar de ellos, son policías. Nosotros somos jueces de paz no letrados, entonces, que venga una autoridad nos sorprende. Si es policía, ¿cómo vamos a desconfiar?”, afirmó Arroyo.

Las resoluciones que habrían facilitado la adulteración de planillas solían presentar direcciones de domicilios sin número, para lo cual el juez considera que “hay muchos sitios que no tienen dirección, no tienen número, no están formalizados”.