Mediante la presente Ley, se promulga el Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual consta de diez (10) artículos dentro del título preliminar, ciento veinticuatro (124) artículos distribuidos en cuatro (4) capítulos, cinco (5) disposiciones complementarias finales y una (1) disposición complementaria transitoria.

Dentro del nuevo Código Procesal Constitucional se señala como principal objetivo el optimizar la administración y accesibilidad a la justicia constitucional, facilitando el acceso a la justicia constitucional a las personas de escasos recursos económicos. 

Asimismo, se ha considerado la incorporación, en el artículo V del título preliminar, de la institución procesal del amicus curiae, y el control de convencionalidad en el artículo VIII, la prohibición del rechazo preliminar de las demandas, en los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento, el demandante que no cuenta con los recursos económicos suficientes o se encuentra en estado de vulnerabilidad puede recurrir a la defensa pública, entre otros cambios sustanciales en materia procesal constitucional.

En torno al proceso de amparo, se incorporan como derechos protegidos por éste el libre desenvolvimiento de la personalidad, la inclusión de la libertad de conciencia, el derecho a objetar y el derecho al agua potable. Sobre la presentación de las demandas, el nuevo Código Procesal Constitucional, contemplará que sean interpuestas y procesadas en quechua, aimara y demás lenguas nativas en los lugares donde éstas predominen.

Finalmente se deroga la Ley N° 28237, que recogía el antiguo Código Procesal Constitucional.